Registro horario digital: el Gobierno lo aplaza a septiembre
Trabajo y Economía acuerdan retrasar a septiembre de 2026 la aprobación del registro horario digital, pese al ultimátum sindical. Qué ha pasado y qué hacer mientras tanto.
Registro horario digital: el Gobierno lo aplaza a septiembre de 2026
Si esperabas que el nuevo Real Decreto de registro horario digital llegara antes del parón de agosto, la noticia es que no va a ser así. A partir del 24 de julio de 2026, varios medios coincidieron en informar de que los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Economía, Comercio y Empresa han acordado dejar la aprobación del texto para septiembre, después de meses de negociación sobre su contenido final. El Real Decreto sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, mientras eso no ocurra, la obligación vigente para tu empresa sigue siendo la del Real Decreto-ley 8/2019.
En este artículo repasamos qué se sabe del aplazamiento, por qué se ha producido, cómo han reaccionado los sindicatos y qué puede hacer tu empresa mientras el decreto sigue en el cajón.
Qué se ha decidido: sin Consejo de Ministros antes de agosto
El plan inicial del Ministerio de Trabajo era llevar el Real Decreto a uno de los últimos Consejos de Ministros de julio, antes del receso institucional de agosto. Ese calendario ya no se va a cumplir. Según informaron el 24 de julio de 2026 medios como El Economista e Infobae, ambos ministerios han pactado retomar la tramitación en septiembre, una vez arrancado el nuevo curso político.
A fecha de hoy (28 de julio de 2026), el texto sigue sin pasar por el Consejo de Ministros ni publicarse en el BOE. Esto significa que, para tu empresa, no hay ningún cambio normativo inmediato que aplicar: el registro horario digital obligatorio sigue siendo, por ahora, un proyecto en tramitación.
Por qué se retrasa: discrepancias entre Trabajo y Economía
El aplazamiento no es una sorpresa aislada, sino la continuación de una tensión que viene arrastrándose desde marzo de 2026, cuando el Consejo de Estado emitió un dictamen crítico con el primer borrador del decreto por no evaluar bien su impacto económico, especialmente en las pymes, y por no adaptarse suficientemente a las peculiaridades de cada sector.
Desde entonces, Trabajo y Economía han seguido negociando el texto sin llegar a un acuerdo completo. Los puntos de fricción que se repiten en las informaciones publicadas son:
- El plazo de adaptación para pymes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido en varias ocasiones que las pequeñas y medianas empresas dispongan de un año desde la entrada en vigor del decreto para adaptarse, frente a plazos mucho más cortos que se habían barajado para las grandes empresas.
- El alcance de las obligaciones por sector. Sectores con jornadas irregulares o alta rotación (hostelería, construcción, comercio) piden un tratamiento diferenciado que el texto original no recogía con suficiente detalle.
- Las garantías de protección de datos en el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los registros, otro de los puntos señalados por el Consejo de Estado.
Mientras estos flecos no se cierren entre ambos ministerios, el texto no llega al Consejo de Ministros. De ahí que la fecha se haya movido de julio a septiembre.
El ultimátum sindical que no ha cambiado el calendario
El retraso tiene un componente político relevante: los sindicatos CCOO y UGT lanzaron el pasado 30 de junio de 2026 un ultimátum al Gobierno, exigiendo que el Real Decreto se aprobara antes del 31 de julio. La amenaza era clara: si el Ejecutivo no cumplía el plazo, ambas centrales sindicales dejarían de sentarse a negociar futuros acuerdos de este tipo con el Gobierno.
A pesar de esa presión, Trabajo y Economía han optado por priorizar cerrar el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros, incluso a costa de incumplir el plazo exigido por los sindicatos. Esto ha generado críticas desde el ámbito sindical, que interpretan el aplazamiento como un nuevo revés para una reforma que ya lleva más de un año de tramitación.
Para tu empresa, este pulso político no cambia nada en el corto plazo: mientras no haya decreto publicado, no hay nueva obligación legal que cumplir. Pero sí es una señal de que el contenido final del texto —sobre todo el plazo de adaptación para pymes— puede variar respecto a lo que se conocía hasta ahora.
Qué cambiaría cuando el decreto se apruebe
Aunque el calendario se mueve, el contenido de fondo de la reforma se mantiene estable en las distintas versiones conocidas. Estos son los cambios que trae el borrador:
| Elemento | Situación actual (RD-Ley 8/2019) | Reforma pendiente |
|---|---|---|
| Medio de registro | Papel, Excel o digital, a elección de la empresa | Solo sistemas digitales, con trazabilidad |
| Acceso de la Inspección | Bajo requerimiento a la empresa | Acceso remoto, en tiempo real |
| Objetivo declarado | Registrar inicio y fin de jornada | Combatir horas extra no pagadas y fraude en contratos a tiempo parcial |
| Plazo de adaptación | No aplica | En negociación: un año para pymes según la propuesta de Economía |
| Estado a 28 de julio de 2026 | En vigor desde 2019 | Aplazado a septiembre de 2026, sin fecha de Consejo de Ministros confirmada |
Qué puede hacer tu empresa mientras tanto
No hace falta esperar a septiembre, ni a que el decreto se publique, para poner en orden tu registro horario. Recomendamos:
- No dar por hecho ninguna fecha. Cualquier artículo o publicación que afirme una fecha concreta de entrada en vigor a día de hoy está especulando: ni el Consejo de Ministros ni el BOE la han confirmado.
- Seguir cumpliendo la ley vigente sin excusas. El RD-Ley 8/2019 sigue obligando a registrar diariamente el inicio y fin de jornada de cada trabajador y a conservar esos registros 4 años. Las inspecciones y sanciones actuales se basan en esta norma, no en la reforma pendiente.
- Adelantar la digitalización si todavía usas papel o Excel. El sentido de la reforma —sea cual sea el plazo final de adaptación— apunta claramente hacia sistemas digitales con trazabilidad. Empezar antes evita una migración de urgencia cuando el decreto se publique.
- Vigilar especialmente el contrato a tiempo parcial y las horas extra. Son las dos áreas que el Gobierno señala explícitamente como objetivo de la reforma, y también las que más dolores de cabeza dan hoy en una inspección con el sistema actual.
- Seguir fuentes oficiales, no previsiones de terceros: el BOE y las referencias del Consejo de Ministros publicadas en La Moncloa son la única fuente fiable sobre la fecha real de aprobación.
Si tu empresa tiene varios centros o convenios distintos por sector, este es también un buen momento para revisar cómo tienes organizado el control horario antes de que llegue una obligación con plazos ajustados; puedes ver cómo abordarlo en nuestra guía sobre control horario para pequeñas empresas.
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Preguntas frecuentes
¿Se ha aprobado ya el nuevo registro horario digital? No. A 28 de julio de 2026, el Real Decreto sigue sin pasar por el Consejo de Ministros ni publicarse en el BOE. Los ministerios de Trabajo y Economía acordaron a finales de julio dejar su aprobación para septiembre.
¿Por qué se ha retrasado a septiembre? Según las informaciones publicadas, Trabajo y Economía no habían cerrado sus discrepancias sobre el texto final, especialmente en torno al plazo de adaptación para pymes y el tratamiento de sectores con jornadas irregulares, tras el dictamen crítico del Consejo de Estado de marzo de 2026.
¿Qué plazo de adaptación tendrán las pymes? Todavía no hay una cifra cerrada. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido públicamente un año desde la entrada en vigor para las pymes, pero esa cifra no está confirmada en ningún texto aprobado y puede cambiar hasta la publicación final en el BOE.
¿Debo hacer algo ya en mi empresa por este aplazamiento? No hay ninguna obligación nueva que cumplir mientras el decreto no se publique. Lo que sí sigue vigente, y con sanciones reales, es el Real Decreto-ley 8/2019: registrar diariamente la jornada de cada trabajador y conservar esos registros 4 años.
¿Qué pasó con el ultimátum de CCOO y UGT? Los sindicatos exigieron la aprobación antes del 31 de julio de 2026 o dejarían de negociar futuros acuerdos con el Gobierno. Pese a ello, Trabajo y Economía optaron por retrasar la tramitación a septiembre para seguir negociando el texto.